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Empresas con beneficios y despidos. El binomio imposible.

http://garciayplazaabogados.com/?p=346

Con motivo de la publicación del nuevo reglamento sobre la aportación de las empresas a la Seguridad Social en los casos de despidos objetivos de trabajadores mayores de 50 años, queremos hacer una breve reflexión de cuál es el alcance y significado de dicha norma.

 

La crisis económica y financiera que sufrimos en el Sur de Europa no solo se refleja en la cantidad de desempleados, en la renta per cápita o en el P.I.B., sino también en las condiciones, a veces durísimas, que se imponen a los empresarios para financiar las prestaciones por desempleo que deben abonarse a los trabajadores.

Si en términos de justicia social y distribución de las cargas sociales es correcto el planteamiento de la ley, pues traslada a los empresarios que se benefician de las facilidades para despedir lel soporte económico de las prestaciones que se generan, mediante un sistema de capitalización, la realidad muchas veces nos dice lo contrario.

Y es que el problema social que padecemos no radica en los despedidos en empresas con beneficios, pues:

-         Son pocas las empresas con beneficios, y en todo caso, las que los tienen no despiden o lo hacen en un número insignificante de trabajadores en términos globales

-         El verdadero problema radica en las empresas con pérdidas, sin posibilidad de financiación y abocadas muchas veces al cese total de su actividad, que no están obligadas a realizar las aportaciones económicas a las que se refiere el Real Decreto 1484/2012 de 30 de octubre, y que aun si estuvieran obligadas, no podrían hacerlo.

Por lo tanto, tan bienintencionada como inútil, dicha norma no es más que otra de las que adornan nuestro sistema jurídico laboral, cada día más complejo e intervenido.

La financiación del sistema de prestaciones por desempleo  no se soluciona con medidas prácticamente inocuas, sino con una intervención decidida y una reforma de una organización administrativa obsoleta e ineficiente, incapaz de controlar de manera efectiva el fraude en las prestaciones como consecuencia de una dispersión competencial entre Administraciones sin parangón en el Mundo.

Por ello, nuestra propuesta sería unificar las competencias en un solo organismo que aglutinara el reconocimiento, financiación, gestión y abono de las prestaciones por desempleo, de una forma unívoca y barata, y evitar así el torpe y burocratizado sistema actual, en la que intervienen multitud de organismos y administraciones con el resultado que todos conocemos y con unos costes de gestión absolutamente injustificables y hoy, además, inasumibles.

Sin embargo muchos nos tememos que nadie va renunciar a sus competencias a favor de otra administración, celosos como son todos de las suyas, que prefieren –en eufemismo que ha tenido fortuna- “compartir”, que en realidad significa “duplicar” y por tanto, encarecer y lo que es peor, entorpecer.

 

 

 

 

 

Author: José María García Sánchez

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